Hace escasos días el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Con esta Ley se pretende combatir el fraude tributario vinculado a las nuevas tecnologías, perseguir los comportamientos inadecuados y evitar la planificación fiscal abusiva.
Las principales medidas que afectarán a particulares, autónomos, inversores y empresas son las siguientes:
- Prohíbe la producción, tenencia o el uso de cualquier software informático que manipule o falsee la contabilidad de las empresas.
- Obligación de declarar las inversiones en criptomonedas, situadas en España y también en el extranjero, si tiene que ver con contribuyentes de nacionalidad española.
- Revisión y actualización de la lista de paraísos fiscales.
- Se incorpora en la Legislación un régimen de Transparencia Fiscal Internacional.
- La lista de deudores a la Hacienda Pública reduce desde 1 millón hasta 600.000 euros el importe de la deuda y contempla que se incluyan, además de a los deudores principales, a aquellos que se declaren responsables solidarios de la deuda por sus conductas activas o por omisión.
- Prohíbe la aprobación de amnistías fiscales.
- Se incluyen garantías judiciales para realizar inspecciones de la Agencia Tributaria en el domicilio de un contribuyente sin previo aviso, pero deberán estar aprobadas por un juez en caso de que el contribuyente no autorice.
- El beneficio fiscal en el IRPF por los llamados «pactos sucesorios», se podrá mantener solo en los casos de aquellos bienes que sean vendidos a partir de los cinco años posteriores a la transmisión del mismo.
- Se modifica la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo el valor de referencia el del Catastro.
- Fija como límite 1.000€ para pagos en efectivo entre empresarios o autónomos.
- Se tendrán en cuenta para la reducción del 60% del alquiler de vivienda, sólo los ingresos incluidos en la autoliquidación.
- En el Impuesto sobre Actividades Económicas, se actualizan las referencias normativas para considerar un grupo de sociedades.
- Las SOCIMI (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria), tributarán al 15% por sus beneficios no distribuidos.
- Se refuerza el control de las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), con una inversión mínima de 2.500€ y de 12.500€ en el caso de una sociedad por compartimentos, que deberán ser como mínimo 100 socios.
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